O presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Adilson Araújo, participou nesta segunda-feira (27), em Montevidéu (Uruguai), do Seminário Regional “Acordo Mercosul–União Europeia: o desafio de sua implementação”, defendendo que a integração entre os dois blocos esteja a serviço do desenvolvimento soberano, da geração de empregos de qualidade e da redução das desigualdades.
Em sua intervenção, Adilson ressaltou que a implementação do acordo ocorre em um contexto de profundas transformações geopolíticas e de desafios para a soberania dos países latino-americanos. Para o dirigente, qualquer acordo comercial deve ter como prioridade a melhoria das condições de vida da população e a valorização do trabalho, e não apenas a ampliação dos mercados.
O presidente da CTB também alertou para os riscos da desindustrialização dos países do Mercosul, da ampliação das assimetrias econômicas em relação à União Europeia e da precarização das relações de trabalho. Defendeu políticas de fortalecimento da indústria regional, mecanismos de compensação para os setores mais vulneráveis, cooperação e transferência mútua de tecnologias, além da ampliação da participação dos sindicatos e dos movimentos sociais em todas as etapas de implementação e acompanhamento do acordo.
Segundo Adilson Araújo, a integração regional somente será legítima se produzir benefícios concretos para os povos, colocando a classe trabalhadora no centro das decisões. “O Mercosul que defendemos é um Mercosul dos povos, do trabalho e da solidariedade”, afirmou.
A seguir, confira a íntegra do discurso de Adilson Araújo na íntegra em português, espanhol e inglês.
Português:
Espanhol:
Seminario Regional “Acuerdo Mercosur–Unión Europea: el desafío de su implementación”
Montevideo (Uruguay) – 27 de julio de 2026
Estimados dirigentes participantes del Seminario Regional “Acuerdo Mercosur–Unión Europea: el desafío de su implementación”:
Este seminario se realiza en un momento decisivo para el futuro del Mercosur, de la integración sudamericana y, sobre todo, para el futuro de nuestras sociedades y de nuestras clases trabajadoras.
Vivimos un momento histórico marcado por una grave crisis geopolítica, la agudización de las contradicciones sociales y la amenaza imperialista contra la soberanía de las naciones, especialmente en América Latina.
En este contexto, al debatir el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, debemos hacernos una pregunta fundamental: ¿al servicio de quién debe estar la integración económica y comercial?
Desde el punto de vista de la clase trabajadora, la respuesta me parece clara: ningún acuerdo comercial puede considerarse verdaderamente positivo si no contribuye a mejorar la vida del pueblo, fortalecer el desarrollo soberano de nuestros países, ampliar los derechos sociales y reducir las desigualdades.
No podemos aceptar una integración que sea únicamente una apertura de mercados. Queremos una integración que promueva beneficios mutuos y desarrollo, empleo de calidad, industrialización, soberanía tecnológica, valorización del trabajo y justicia social.
El Mercosur no puede resignarse al papel de proveedor de productos primarios y materias primas, mientras los países más desarrollados concentran la producción industrial de mayor valor agregado, la tecnología y el conocimiento.
Eso profundizaría una división internacional del trabajo que históricamente ha condenado a América Latina a la dependencia y a la pobreza. Por ello, uno de los puntos centrales para nosotros es la protección y el fortalecimiento de la industria en el conjunto de los países del Mercosur. Lucharemos por políticas que preserven el empleo, fortalezcan las cadenas productivas regionales y estimulen la industria. La apertura comercial no puede significar desindustrialización, cierre de fábricas, precarización del trabajo ni pérdida de capacidad productiva.
No podemos aceptar que los costos de la integración sean pagados por los trabajadores. Es fundamental proteger y ampliar los derechos sociales y laborales, garantizar trabajo decente, libertad sindical, negociación colectiva, salud, seguridad y sistemas de protección social. Es inaceptable que los derechos sociales sean tratados como obstáculos para la competitividad.
No existe desarrollo sostenible con trabajo precario, bajos salarios y pérdida de derechos.
Otro aspecto fundamental es la cuestión de las asimetrías. Sabemos que existen enormes diferencias económicas, tecnológicas y productivas entre los países del Mercosur y la Unión Europea. Por ello, cualquier acuerdo debe contribuir a reducir esas desigualdades y no a profundizarlas.
Necesitamos mecanismos concretos de compensación, financiamiento, inversión y desarrollo regional.
Debemos garantizar que los países y los sectores más vulnerables tengan condiciones para adaptarse y desarrollarse. No podemos aceptar una competencia en condiciones desiguales como si todos partiéramos del mismo punto.
Y aquí surge un tema estratégico para el futuro: la transferencia mutua de tecnologías. A nuestros pueblos no les interesa una relación basada únicamente en la compra de productos industrializados y la exportación de materias primas, perpetuando una división social injusta heredada del colonialismo. Queremos cooperación tecnológica, intercambio científico, formación profesional y desarrollo conjunto de nuevas tecnologías.
La integración entre el Mercosur y la Unión Europea debe permitir que nuestras universidades, nuestros centros de investigación, nuestras empresas y nuestros trabajadores tengan acceso al conocimiento y puedan participar en la construcción de nuevas capacidades productivas.
La transferencia tecnológica no puede ser un camino de una sola dirección. Debe existir cooperación y transferencia mutua de tecnologías, respetando los intereses soberanos de cada país y promoviendo un desarrollo compartido.
También necesitamos luchar para cambiar la forma en que los acuerdos son discutidos y definidos. Es indispensable fortalecer el diálogo social. No es aceptable que decisiones que tendrán un profundo impacto sobre millones de trabajadores sean tomadas exclusivamente por gobiernos, diplomáticos y sectores empresariales.
Los trabajadores deben tener voz y participación. Los sindicatos deben participar. Los movimientos sociales deben participar. Las organizaciones de la sociedad civil deben participar.
La democracia no termina con la firma de un acuerdo. Debe estar presente en su construcción, en su implementación y en el seguimiento de sus resultados.
Por eso defendemos un mayor protagonismo de los movimientos sociales en la agenda de integración regional. Y aquí quiero destacar especialmente el papel del movimiento sindical.
Las centrales sindicales del Cono Sur tienen una responsabilidad histórica. Somos nosotros quienes conocemos, en la práctica, los impactos de las políticas económicas sobre los trabajadores: sus efectos en las fábricas, los servicios, los puertos, el transporte, los bancos, las escuelas y los hospitales.
Conocemos el dolor provocado por el desempleo, la precarización, la tercerización y la transformación tecnológica del mundo del trabajo. Por eso, nuestra participación no puede ser únicamente consultiva o simbólica.
Reclamamos una participación directa y el fortalecimiento de nuestra capacidad real de intervención y seguimiento.
Al mismo tiempo, necesitamos construir una agenda sindical común para el Mercosur y para las relaciones con la Unión Europea, fortalecer la coordinación entre las centrales sindicales, ampliar la solidaridad internacional y crear mecanismos permanentes de monitoreo de los impactos del acuerdo sobre el empleo, los salarios, los derechos y las condiciones de trabajo.
La integración solo tendrá legitimidad y solidez si es capaz de producir resultados concretos para nuestros pueblos. No estamos en contra del comercio. Estamos en contra de un modelo de comercio que aumenta la concentración de la riqueza, destruye empleos y profundiza la dependencia.
Defendemos un comercio que promueva el desarrollo con justicia social. Estamos a favor de una integración que reduzca las asimetrías, fortalezca la soberanía de los países y coloque a los trabajadores en el centro de las decisiones.
Entendemos que el acuerdo también debe contemplar los siguientes criterios:
- Empleo decente;
- Derechos sociales;
- Fortalecimiento de la industria;
- Reducción de las asimetrías;
- Cooperación y transferencia tecnológica;
- Desarrollo sostenible;
- Diálogo social efectivo;
- Participación de los movimientos sociales.
El futuro de la integración no puede decidirse sin la participación de quienes construyen la riqueza de nuestras sociedades. La clase trabajadora debe ser protagonista de la integración. El Mercosur que defendemos es un Mercosur de los pueblos, del trabajo y de la solidaridad.
Una integración que no sea solamente entre mercados, sino entre pueblos. Una integración que no sirva para concentrar riqueza, sino para distribuir oportunidades. Una integración que no profundice las desigualdades, sino que construya un futuro común de soberanía, desarrollo y justicia social.
Esa es la tarea que tenemos por delante, ese es el contenido y el objetivo de nuestra lucha. Y por eso el movimiento sindical del Cono Sur debe mantenerse unido, organizado y activo. Sin la participación de los trabajadores no habrá una integración verdaderamente democrática. Y sin justicia social no habrá una integración verdaderamente sostenible.
Inglês:
Speech by Adilson Araújo
Regional Seminar “Mercosur–European Union Agreement: The Challenge of Its Implementation”
Montevideo (Uruguay) – July 27, 2026
Dear leaders participating in the Regional Seminar “Mercosur–European Union Agreement: The Challenge of Its Implementation,”
This seminar takes place at a decisive moment for the future of Mercosur, South American integration and, above all, for the future of our societies and our working classes.
We are living through a historic moment marked by a serious geopolitical crisis, the intensification of social contradictions and imperialist threats to the sovereignty of nations, especially in Latin America.
In this context, as we discuss the agreement between Mercosur and the European Union, we must ask a fundamental question: Who should economic and trade integration serve?
From the perspective of the working class, the answer seems clear to me: no trade agreement can be considered truly positive if it does not help improve people’s lives, strengthen the sovereign development of our countries, expand social rights and reduce inequalities.
We cannot accept an integration process that is merely about opening markets. We want an integration that promotes mutual benefits and development, quality employment, industrialization, technological sovereignty, the appreciation of labor and social justice.
Mercosur cannot accept the role of merely supplying primary goods and commodities while the more developed countries retain high value-added industrial production, technology and knowledge.
Such an arrangement would deepen an international division of labor that has historically condemned Latin America to dependence and poverty. Therefore, one of our central priorities is protecting and strengthening industry throughout the Mercosur countries. We will fight for policies that preserve jobs, strengthen regional production chains and encourage industrial development. Trade liberalization cannot mean deindustrialization, factory closures, labor precariousness or the loss of productive capacity.
We cannot accept that workers should bear the costs of integration. It is essential to protect and expand labor and social rights, guarantee decent work, freedom of association, collective bargaining, occupational health and safety, and comprehensive social protection systems. It is unacceptable for social rights to be treated as obstacles to competitiveness.
There can be no sustainable development based on precarious work, low wages and the erosion of rights.
Another fundamental issue concerns asymmetries. We know there are enormous economic, technological and productive differences between the Mercosur countries and the European Union. Therefore, any agreement must contribute to reducing these inequalities rather than deepening them.
We need concrete mechanisms for compensation, financing, investment and regional development.
We must ensure that the most vulnerable countries and sectors have the conditions necessary to adapt and develop. We cannot accept unequal competition as if all parties were starting from the same point.
Here lies another strategic issue for the future: the mutual transfer of technology. Our peoples have no interest in a relationship based solely on importing industrialized products while exporting raw materials, thus perpetuating an unjust international division inherited from colonialism. We seek technological cooperation, scientific exchange, professional training and the joint development of new technologies.
Integration between Mercosur and the European Union must enable our universities, research centers, companies and workers to gain access to knowledge and actively participate in building new productive capacities.
Technology transfer cannot be a one-way street. It must involve mutual cooperation and reciprocal technology transfer, respecting each country’s sovereign interests while promoting shared development.
We must also change the way these agreements are discussed and negotiated. Strengthening social dialogue is indispensable. It is unacceptable that decisions with profound consequences for millions of workers should be made exclusively by governments, diplomats and business interests.
Workers must have a voice and a seat at the table. Trade unions must participate. Social movements must participate. Civil society organizations must participate.
Democracy does not end with the signing of an agreement. It must be present throughout its negotiation, implementation and evaluation.
That is why we advocate a stronger role for social movements in the regional integration agenda. I would also like to emphasize the essential role of the trade union movement.
The trade union confederations of the Southern Cone carry a historic responsibility. We are the ones who experience firsthand the impact of economic policies on workers—in factories, services, ports, transportation systems, banks, schools and hospitals.
We know the suffering caused by unemployment, labor precariousness, outsourcing and technological transformation in the world of work. Therefore, our participation cannot be merely consultative or symbolic.
We demand direct participation and a stronger capacity to intervene in and monitor the implementation of this agreement.
At the same time, we must build a common trade union agenda for Mercosur and for relations with the European Union, strengthen coordination among trade union confederations, expand international solidarity and establish permanent mechanisms to monitor the agreement’s impact on employment, wages, labor rights and working conditions.
Integration will only be legitimate and enduring if it produces concrete benefits for our peoples. We are not against trade. We oppose a model of trade that concentrates wealth, destroys jobs and deepens dependency.
We support trade that promotes development with social justice. We support an integration process that reduces asymmetries, strengthens national sovereignty and places workers at the center of decision-making.
We believe the agreement must also be based on the following principles:
- Decent work;
- Social rights;
- Industrial development;
- Reduction of asymmetries;
- Technological cooperation and mutual technology transfer;
- Sustainable development;
- Effective social dialogue;
- Participation of social movements.
The future of integration cannot be decided without the participation of those who create the wealth of our societies. The working class must play a leading role in regional integration. The Mercosur we defend is a Mercosur of the peoples, of labor and of solidarity.
An integration that is not merely between markets, but between peoples. An integration that does not concentrate wealth, but distributes opportunities. An integration that does not deepen inequalities, but builds a common future based on sovereignty, development and social justice.
This is the task before us. This is the purpose and the meaning of our struggle. That is why the trade union movement of the Southern Cone must remain united, organized and active. Without the participation of workers, there will be no truly democratic integration. And without social justice, there will be no truly sustainable integration.
